Nota en desarrollo.
Después de casi 4 meses de incendios, Bolivia, unos de los países con mayor biodiversidad del planeta, vive una crisis ambiental.
Legisladores pidieron, desde hace un mes, declarar desastre nacional, así como organizaciones de la sociedad civil se lo exigieron al Gobierno, pero el 7 de septiembre, cuando los incendios alcanzaron niveles crìticos, sólo se declaró emergencia nacional y, recién hoy, 30 de septiembre del 2024, finalmente se realizó dicha declaración.
A pesar de la ayuda de cinco países, finalizando septiembre, el mes de Santa Cruz, las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental reportan el “mayor desastre ambiental” de su historia: se han quemado 7,2 millones de hectáreas; son 17 los municipios que en este momento se ven afectados, las mayores pérdidas están ubicadas en los municipios de San Matías (el hábitat de la paraba azul), Concepción y San Ignacio de Velasco. Sin embargo, hay incendios en los departamentos de Beni y Pando, incluso hace días se registró en alguna región del departamento de La Paz.
Hace más de tres semanas que el gobierno central no ha actualizado los datos respecto a la cantidad de hectáreas quemadas, el último dato que manejaba era de 3.8 millones de hectáreas; sin embargo, el dato del COED Santa Cruz dobla esa información solo en ese departamento.
El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Jhonny Rojas informó que hay 45 incendios activos en 17 municipios del departamento y, aunque las lluvias han ayudado a sofocar y apagar la intensidad del fuego, no han logrado liquidar los focos, toda vez que los bomberos siguen haciendo monitoreo y rastrillaje.
Bolivia es considerado uno de los países “megadiversos” del planeta, gracias a sus diferentes tipos de biomas, ecorregiones y ecosistemas boscosos, hogar de una alta variedad de animales silvestres, que viven dentro de una amplia gama de parques y reservas naturales. Sus bosques han sido, y son, parte importante de la vida social, cultural, económica, y espiritual de las culturas bolivianas por siglos. Sin embargo, Bolivia se ve afectada por una serie de incendios, que la han convertido en el país con mayores focos de calor del mundo. (foto)
Estos bosques son esenciales para el bienestar del ser humano debido a sus funciones ambientales, como la regulación del clima regional y local, el mantenimiento y contención del carbono (su liberación por deforestación incrementa los gases de efecto invernadero a la atmósfera), seguridad hídrica y respectiva prevención de riesgos, formación del suelo, seguridad alimentaria y su importante aporte en la provisión de medicina.
Sus funciones ambientales no se visibilizan debido a la dificultad de cuantificarlas en términos monetarios, pese a que las funciones ambientales que desempeñan son invaluables ¡esenciales para la vida! Sin embargo, dichas funciones ambientales son poco conocidas, e irónicamente poco valoradas. La deforestación en el país se incrementa de manera alarmante, sin que se tome plena conciencia de lo que realmente se pierde por cada hectárea de bosque que desaparece.
La destrucción de los bosques se debe fundamentalmente al cambio del uso del suelo; causando escasez de agua, disminución de los medios de vida y dando lugar, lamentablemente, a una pérdida significativa de su biodiversidad. ¡Se precisan cambios profundos, urgentes!
“Santa Cruz es el departamento que ha presentado, en los últimos años, las mayores tendencias de deforestación, especialmente en la Chiquitanía. En las últimas dos décadas ha existido una enorme presión hacia estos ecosistemas, promovida por las políticas agrícolas y económicas que se implementaron” (científico boliviano, Alfredo Muñoz – 2019).
Los causantes son los incendios por chaqueos y las leyes gubernamentales que lo permiten, no obstante ir en contra de la Constitución Política del Estado en la sección IV art. 387, 388, 389 referidos a los recursos naturales. Sin embargo, irónicamente, se viene estimulando tanto la agricultura mecanizada, como también a pequeña escala y la ganadería (Müller 2014).
Los análisis del Global Forest Watch – World Resources Institute (GFW), indican que, en el año 2000, el 60% (64.5 millones de hectáreas) del territorio boliviano estaba cubierto por bosques, pero que, según el informe del 2022, se han deforestado 7.9 millones de hectáreas. El 79% de este proceso de deforestación -histórica por la magnitud- afectó al departamento de Santa Cruz.
La cifra se ha duplicado del año 2022 al 2023, con respecto al promedio del 2000 al 2020, siendo la consecuencia, un fenómeno combinado de estación agrícola y consolidación de propiedades agrarias, tanto pequeñas como empresariales; develando un crecimiento exponencial de la pérdida de bosques primarios, y poniendo en evidencia las políticas públicas que estimulan los procesos de deforestación actual, ya que, para mantener la seguridad jurídica de un predio y según la normativa vigente, se hace necesario e imprescindible eliminar el bosque en dicho predio.
En este sentido se hace necesario mejorar el diseño de leyes y planes, como ser la instauración de nuevas instituciones, orientadas a mejorar el manejo y la capacidad productiva del área rural; además de la protección social, la reducción del riesgo y la respuesta al desastre.
Es frecuente evidenciar que el derecho colectivo al territorio por parte de los indígenas de tierras bajas es permanentemente vulnerado. Santa Cruz se constituye en el área más poblada, con el crecimiento más vertiginoso de América del Sur, y esto también hay que tomar en cuenta.
La temperatura en Bolivia subió, en los últimos 25 años, entre 0.08 y 0.34 grados centígrados en diversas regiones, el pronóstico señala un aumento de 1 a 2 grados centígrados hasta 2030 y de 5 a 6 grados hasta 2100 según Jocelijn françois – PNUD.
A los procesos de deforestación y degradación se adiciona el deterioro por incendios forestales
El fuego se ha convertido en un problema para la conservación de los bosques en Bolivia, porque estos contienen ecosistemas “sensibles al fuego” y este puede llevarlos a su destrucción, a la pérdida de especies y de hábitats nativos (Myers 2006). En las últimas décadas, los incendios forestales se han vuelto más recurrentes y severos, producto del inadecuado manejo del fuego en los chaqueos, la agricultura mecanizada y el manejo de pastizales para la ganadería. En el periodo 2000-2014 de una superficie incendiada resultante de 33 millones de hectáreas en todo el país, el 29% ocurrieron en áreas boscosas (Fundación Amigos de la Naturaleza 2016).
Proceso permisible de asentamientos de interculturales en regiones boscosas del oriente, mediante la derogación del decreto supremo 257 19 – agosto – 2009.
Antecedentes:
El 28 de noviembre del 2006 se promulga la ley 3545 (modificación de la ley 1715 de 1996) por medio de la cual establece (art. 18): Es atribución del instituto nacional de reforma agraria INRA proponer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos humanos, comunarios, con pobladores nacionales.
Luego, el 12 de septiembre del 2007 se aprueba el plan nacional de desarrollo, en el que se establece la política de transformación de la estructura de tenencia, y de acceso a la tierra y bosques, estableciendo que la distribución y redistribución de tierra se logra a través de la puesta en marcha del plan nacional de distribución de tierras, y asentamientos humanos. Que, asimismo, se cuenta con programas de asentamientos humanos específicos, elaborados por el viceministerio de tierras, en el marco de lo previsto en el plan nacional de distribución de tierras y asentamientos humanos.
Es así que el 7 de febrero de 2009, en conformidad con el artículo 110 del d. s 29894, según el cual, es atribución del viceministerio de tierras diseñar y ejecutar políticas y programas de acceso, distribución, redistribución, reagrupamiento de tierras y asentamientos humanos; integrados a planes productivos, de acuerdo con las políticas establecidas para el uso sostenible del recurso tierra.
El INRA es responsable de la dotación y titulación de tierras a favor de los beneficiarios, y el viceministerio de tierras debe asegurar el traslado y la instalación de los beneficiarios y realizar transferencias público-privadas.
https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N257.html
“Leyes incendiarias” que siguen vigentes y provocan desastre medio ambiental
Por increíble que parezca, existen al menos una decena de leyes y decretos, que favorecen las quemas en el territorio boliviano:
Desde el año 2013, Bolivia ha implementado una serie de leyes y decretos que, según expertos ambientalistas han facilitado la expansión descontrolada de la frontera agrícola, alimentando una crisis ambiental sin precedentes en el país.
Estas normativas calificadas como “incendiarias” por organizaciones de defensa del medio ambiente, han permitido el desmonte masivo de bosques, incentivando la deforestación y agravando la actual crisis de incendios que afecta varias y vastas regiones de Bolivia.
- En 2013 se aprueba la ley 337 conocida como la “Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques”, esta norma, en lugar de frenar el desmonte ilegal, otorgó perdón a aquellos desmontes no autorizados realizados hasta 2011, permitiendo así regularizar tierras deforestadas. Esta ley fue lanzada con carácter excepcional, pero pese a ello, ha sido modificada varias veces para su “perfección”: En 2014 se aprueba la ley 502, la cual amplió aún más los alcances de esta legislación 337 modificándose y de este modo, exacerbando la deforestación en regiones clave. Con el argumento de seguridad alimentaria de manera alarmante se desmontaron entre 2015 y 2022, 460,000 hectáreas de bosque pero sólo 40,800 se destinaron realmente al cultivo de alimentos; la pregunta persiste y es, ¿Qué ocurrió con el resto del desmonte? . Otra viene a ser la ley 739 que hace una modificación de las dos anteriores, la 337 y la 502 perfeccionando la intención.
- Ley 740 sancionada el 2015 y referida a la ampliación del plazo de verificación de la función económica social.
- La ley 741, (considerada la peor) fue derogada ese mismo año 2015, por medio de la cual se permite a los pequeños y medianos propietarios, desmontar hasta 20 hectáreas, para actividades agrícolas y pecuarias.
Es la que ha generado incendios masivos y descontrolados, particularmente en las áreas más vulnerables de Santa Cruz y Beni. Normativa que ha sido explotada por intereses privados, traficantes de tierras y avasalladores en detrimento de los bosques y territorios indígenas.
- La ley 952 del año 2017 qué viene a ser modificación de la ley 739 (la cual resultó de la modificación de la 337 y 502 respectivamente) referida a la ampliación del plazo para el registro al programa de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques.
- El año 2019 la situación se agrava con la ley 1171, que otorga perdón en el pago de multas por quemas, su respectivo decreto supremo 24253 establece la multa más baja de América latina por deforestar, tan solo 20 centavos de dólar por hectárea afectada ilegalmente.
En otras palabras un “perdonazo” a las personas que desmontaron y quemaron ilegalmente hasta la fecha de promulgación de dicha ley. Este marco normativo ha convertido a Bolivia en un paraíso para la deforestación ilegal.
- El año 2019 se aprueba el decreto supremo 3973 que modifica el artículo 5 del decreto supremo 26075 del año 2001 autorizando el desmonte de bosques para actividades agropecuarias en Santa Cruz y Beni, dos de las áreas más biodiversas del país. Decreto que fue ampliado posteriormente.
- Otra normativa polémica es el decreto supremo 3874, qué otorga procedimientos abreviados para la evaluación de variedades genéticamente modificadas de soya destinadas a la producción de biodiesel. Este decreto ha sido fuertemente criticado por vulnerar “La Ley de la madre tierra” y “El Protocolo de Cartagena». Además de favorecer el avance de monocultivos que desplazan la biodiversidad.
- Finalmente el decreto supremo 4334 que regula el desmonte para actividades agropecuarias en Santa Cruz y Beni bajo criterios discrecionales de la autoridad de fiscalización y control social de bosques y tierra (ABT), ha facilitado lo que los ambientalistas denominan “incendios autorizados”. Estos incendios lejos de ser controlados han incrementado la contaminación y la pérdida de biodiversidad en el país.
¡A pesar de la tragedia ambiental que se vive hoy, cuando alrededor de 7 millones de hectáreas fueron consumidas por incendios, las normas siguen vigentes!
Las organizaciones ambientales y civiles hacen un llamado urgente para revisar y derogar estas leyes.
El senado boliviano logró instalar una sesión extraordinaria en la ciudad turística de Uyuni-Potosí, donde avanzó en la abrogación de dos leyes relacionadas con la quema de bosques. Uno de los proyectos aprobados es la abrogación de la ley 1171 promulgada en 2019, sobre el uso y manejo racional de quemas. También se insta a abrogar la ley 337 ambos proyectos de ley ya han sido remitidos a la cámara de diputados para su respectivo tratamiento. Sin embargo existen otras que siendo incluso más perniciosas, no están en lista.
“La constitución política del estado de Bolivia aprobada en 2009 en su artículo 385 establece como área protegida, un bien común que forma parte del patrimonio natural y cultural del país, y que cumple funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable”. La normativa exige un cuidado extremo en estas zonas; esto no sucede y es un problema que Bolivia viene arrastrando hace años.
La pregunta sigue siendo ¿cuánto más puede soportar Bolivia antes de que se tomen acciones contundentes para frenar la destrucción ambiental? Mientras las normativas incendiarias sigan vigentes, la lucha por preservar los bosques del país parece estar en una desventaja considerable.
La protección del medio ambiente por parte del Estado boliviano.
En Bolivia se han promulgado leyes que protegen el medio ambiente y son: ley 1333 de medio ambiente , ley 1700 forestal, ley de aguas art. 374, ley 071 de los derechos de la madre tierra. ¡dichas leyes deben ser respetadas!
Bolivia cuenta con 130 áreas protegidas de las cuales 22 son de carácter nacional, 25 de nivel departamental y 83 de jurisdicción municipal. Las áreas protegidas siguen siendo la principal defensa contra la pérdida de cobertura boscosa, y la mejor estrategia para mantener la integridad ecológica de los bosques. Sin embargo la mayoría de estos espacios, principalmente en las tierras bajas, han estado directa o indirectamente bajo presión por la rápida expansión de la frontera agrícola y ganadera, causando una pérdida de la conectividad entre las mismas, provocando una reducción de los ecosistemas, y una pérdida masiva de especies (Romero Muñoz 2019)https://cambio.com.co/articulo/alfredo-romero-munoz-el-bosque-chiquitano-es-el-principal-objeto-de-deforestacion-en-bolivia/
El aprovechamiento y comercialización de las especies maderables y los productos forestales no tienen planes adecuados, ya que la industria forestal se concentró durante décadas, en el aprovechamiento selectivo de pocas especies quizá por su mayor valor comercial, y son; la mara, el cedro, palo María, roble; dejando a un lado a cientos de especies que podrían ser explotadas también (Damian Rumiz, científico. Licenciado en Biología y Doctor en Ciencias Naturales
Cada año se deforestan en Bolivia unas 200,000 hectáreas de bosque.
Se permite la deforestación de un 20% de los predios así sean de vocación forestal o tierras de producción forestal permanente (TPFP) este aspecto viola la CPE. El D.S 26075 establece que el país tiene 28 millones de hectáreas destinadas exclusivamente a la producción forestal. “La deforestación de los bosques de producción forestal, como también de los bosques frágiles que están destinados a las áreas protegidas, está generando un perjuicio ecológico incalculable, ya que incide directamente en los ciclos del clima lluvia-sequía”.
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20230926/cada-ano-se-desforestan-bolivia-200-mil-hectareas-bosque
Reserva natural TIPNIS (Territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécure).
Pese a la extensa e incesante lucha del pueblo originario de este territorio, exigiendo se respeten las leyes de protección contra políticas desarrollistas, que terminan destruyendo estas importantes reservas ecológicas, se pretendía realizar un megaproyecto referente a la construcción de una carretera transoceánica, que dividiría el TIPNIS en dos partes.
Es a raíz de este conflicto, que pueblos indígenas amazónicos, la población boliviana en general, e incluso movimientos ambientalistas internacionales, mostraron su apoyo a estas comunidades, e hicieron frente para evitar la construcción de dicha carretera. El mencionado proyecto significaba la destrucción de un espacio rico e inexplorado en diversidad biológica, y se demostró que las normas legales y constitucionales del estado boliviano no se estaban respetando.
Los grupos étnicos amazónicos de este territorio, fueron y son aún (cada vez con más intensidad) avasallados por colonos, cocaleros, el narcotráfico y los madereros.”… Nos dio mucha esperanza de respetar nuestros derechos que están constitucionalizados. Sin embargo, nuestros derechos han sido violados y no hay palabras para contar lo que ha pasado en la marcha del tipnis que defendía nuestro territorio indígena (Oblitas 2011).
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/919
El TIPNIS tampoco se salva del fuego y los incendios, el año 2023 según reporte al Centro de Planificación Territorial Autonómica(CPTA) del CEJIS, ha sido uno de los territorios más afectados por los incendios.
https://odpib.org/pueblo/tipnis/
Impactos en la naturaleza de las represas hidroeléctricas: Bala, Chepete, Rosita y Cachuela Esperanza.
De las 4 hidroeléctricas, Cachuela Esperanza sería la que, como consecuencia, llegaría a inundar la mayor extensión, 690 km² sin contar el efecto remanso (Molina 2010). En segundo lugar está el Chepete, la inundación afectaría 677 km² de bosque amazónico, en una de las regiones más biodiversas de Bolivia y el mundo; luego le sigue Rositas, con un embalse de 449 km², y por último el Bala con una inundación de 94 km².
Estas cuatro hidroeléctricas afectarán por lo menos a seis áreas protegidas. Uno de los primeros impactos que sufrirán es la deforestación por los embalses que alcanzan los 1910 km², miles de animales serán expulsados o morirán en el intento de escapar a la destrucción de su hábitat. “Los estudios prueban que las represas en la región amazónica tienen un impacto climático que es peor que la electricidad generada a través de carbón diesel o gas”.
Con la construcción de hidroeléctricas se prevé un aumento de la deforestación, el inminente avance de la frontera agrícola, y una mayor actividad ganadera (Laats-investigador de puentes entre culturas).
Se prevé variaciones en la calidad del agua, devastación de vegetación, alteración en la migración de peces y aves, además de emisión de gases de efecto invernadero.
Explotación del oro y su afectación en los bosques.
La deforestación en Bolivia supera las 200,000 hectáreas por año, cifra que ubica al país en el segundo lugar entre los más degradados en Latinoamérica. La minería aurífera está avanzando dentro de las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas. “Lo más preocupante ha sido el grado de permisividad del gobierno con la minería aurífera, y el acuerdo al que llegaron con el sector cooperativista aurífero para permitir el ingreso a las áreas protegidas”, señala Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB 2022).
Los impactos son irreversibles. Existe una destrucción a los medios de vida de los pueblos indígenas, sobre todo en la Amazonía. La contaminación de nuestras aguas, de nuestros ríos, está generando afectación a la salud, al medio ambiente y a la naturaleza. Numerosos pueblos indígenas de la Amazonía boliviana presentan altos índices de contaminación por metales pesados, específicamente mercurio”.
Tráfico de animales silvestres.
El fuego devasta los hogares arrasando especies de flora y fauna, muchos de los animales no logran escapar. El fuego activo en el país ha dejado en cenizas los bosques, los cuales son el hogar de cientos de especies que huyen desesperados de este desastre.
“Se han encontrado diferentes especies endémicas de los lugares en peligro de extinción, como ser jaguares, osos, perezosos, diferentes variedades de monos, parabas, y muchas aves que han sido calcinadas por el intenso fuego que se ha suscitado”. Afirmó Pofoma, jefe de personal de la policía forestal y preservación del medio ambiente, se han encontrado estos animales en medio de los árboles en cenizas, los cuales eran sus hogares y que no lograron escapar, el humo y el fuego los alcanzaron.
Debido a los incendios forestales que se sufren literalmente en esta época del año, se pierden millones de animales calcinados por el fuego. Ya en el incendio de 2019 murieron “millones” de animales calcinados
https://erbol.com.bo/nacional/expertos-hablan-de-millones-de-animales-perdidos-por-los-incendios
A la desgracia de los incendios debemos sumar el tráfico y la caza ilegal de animales.
De acuerdo a la Ley del Medio Ambiente N°1333 está prohibida la comercialización de animales silvestres y sus derivados. Existen muchas denuncias de tráfico de jaguares por citar uno!
Pese a la existencia de normativas legales contra la caza furtiva, tráfico, tenencia y venta de animales silvestres o partes de sus cuerpos, como ser la piel, cuero, dientes, plumas, etc, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, no hacen cumplir dichas disposiciones, aduciendo desconocimiento, o carencia de personal entre otras cosas, o simplemente siendo totalmente indiferentes a ello.
Por otra parte en ocasión del decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas 2021-2030, específicamente en el foro social reciente panamazónico (Fospa) que se realizó en Bolivia, precisamente en Rurrenabaque y San Buenaventura, bajo el lema “ningún ser vivo es una propiedad”, se conmemoró por vez primera en la historia, “el día internacional contra el tráfico de fauna silvestre”, esto para sensibilizar a la sociedad sobre la problemática. Específicamente sobre la caza de animales, Marcos Usquiano presidente de la asociación de guardabosques y agentes de conservación (Abolac).
y que anteriormente fue guardaparque del parque nacional Madidi, al referirse al tráfico de animales indicó: “eso es básicamente como mirar un desfile de gente que está yendo a una guerra, (referido a los cazadores) pero a una guerra contra quienes, contra nuestros animales silvestres, que son la fauna nativa que tenemos en la zona; son básicamente cazadores que se dedican a la cacería furtiva, están cada vez penetrando más, incluso a lugares protegidos de algunas zonas, acá mismo en el parque Madidi, o en la misma reserva de la biosfera Pilón Lajas”. “La alternativa sería: mayor fiscalización, mayor coordinación a nivel interinstitucional entre estos distintos niveles del estado, y también mayores acciones de prevención, de sensibilización con las comunidades, apoyar con un fortalecimiento directo al trabajo que hacen los guardabosques.
https://anabolivia.org/abolac-presenta-al-gobierno-proyecto-de-ley-de-guardaparques/
para que por lo menos lo que está dentro de áreas protegidas pueda ser protegido realmente como debe ser, propuso el presidente de Abolac.
Los bosques deben ser gestionados de manera sostenible y responsable para no perderlos. ¡La conservación de los bosques existentes y la restauración de los que se han perdido es prioritaria!
¿Entonces cómo proteger los bosques?
- Es necesario reducir nuestra necesidad de madera
- Reducir el consumo de papel.
- El consumo de carne vacuna que implica la dedicación de muchas hectáreas de terreno pastizal para el ganado.
- Conocer y difundir la importancia de los bosques.
- Defender el terreno de los bosques.
- Evitar acciones destructivas o potencialmente peligrosas.
- Denunciar las agresiones a los bosques.
- Contribuir a la recuperación de los bosques.
Contaminación de ríos y riesgos para los pueblos indígenas.
Tres de cada 10 pobladores indígenas que viven zonas de influencia de proyectos mineros auríferos en el norte del departamento de La Paz, tienen a nivel promedio niveles de contaminación por mercurio, que triplican el límite máximo permitido, según un estudio de la central de pueblos indígenas de La Paz, el uso de mercurio en las puertas de la amazonía, sin piedad los ríos están siendo contaminados y de a poco la actividad minera ingresa cada vez más en áreas protegidas; 27 comunidades indígenas están afectadas por la contaminación del mercurio. “Las empresas y las cooperativas están destruyendo nuestro territorio.
Nuestros niños están afectados por la contaminación por mercurio y no tenemos una respuesta del gobierno. Queremos hacer conocer al mundo que estamos en la lucha por los territorios, la Amazonía y los pueblos indígenas”. Reclama Miriam Pariano. Vicepresidenta de la confederación nacional de mujeres indígenas de Bolivia (Cnamib). Estas actividades implican contaminación de ríos con mercurio y otros metales pesados, deforestación, desaparición de vida silvestre, etnocidio, trata y tráfico, articulación con otras economías ilegales, como la del narcotráfico; la destrucción de áreas protegidas, construcción de caminos en comunidades y zonas de protección estricta.
Víctimas de castigos por su intento de proteger la naturaleza.
A lo largo de la última década, en Bolivia avanzó el patrón extractivista (minero, petrolero y agrario) y se viene realizando un esquema que conlleva procesos de explotación, despojo y daño de la vida humana y de la naturaleza. Esta dinámica extractiva, genera conflictos al interior de las organizaciones y territorios indígenas que sufren avasallamiento y saqueo. De ahí surgen grupos de resistencia y defensa en torno al cuidado de la vida, pero los ataques hacia estos guardianes de la naturaleza es perpetuo. Los perpetradores desde la base de datos del CEDIB se identifica a autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas, abarcando el 37% de ser los autores que perpetran estos ataques.
A pesar de que el derecho a un medio ambiente sano, está respaldado y reconocido por la CPE y la ONU como un derecho humano universal, el extractivismo y la contaminación continúan afectando los territorios bolivianos. Las empresas extractivistas degradan la tierra, contaminan el agua y el medio ambiente en general, vulnerando varios derechos, tanto de tierras altas como de tierras bajas.
https://www.noticiasfides.com/investigaciones-anf/defensoras-de-la-naturaleza/articulo-principal
Estudios revelan 191 ataques contra defensores de la naturaleza en 5 años. Entre las áreas protegidas donde los defensores están en mayor riesgo, se encuentra el parque nacional Madidi, donde la búsqueda de oro prácticamente destrozó sus ríos.
El CEDIB realizó un mapeo de las agresiones que sufren defensores de la naturaleza en el país. Desde el año 2017 hasta el 2022 suman 191 ataques a diferentes activistas, el 90% de los agresores son parte del estado central o tienen vínculos con el partido gobernante. Las agresiones se encuentran georreferenciadas y distribuidas en ocho categorías: judicialización, negativa de acceso a la información, chantajes y desprestigio, restricciones a los derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias y atentados a la integridad física. Entre todas estas formas de ataque, también existe una estrategia, que es muy común a la hora de agredir a los liderazgos ambientales, y es la división de organizaciones indígenas o campesinas. Uno de los datos más impactantes del análisis es que todos los ataques registrados han quedado en la impunidad.
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